Para que el juez pueda ejercer la potestad sancionatoria se requiere garantizar efectivamente el derecho de defensa y el de contradicción, indicó la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, al resolver una impugnación de tutela y citar varias providencias del 2012 y del 2015.  Así las cosas, la providencia recalcó que antes de imponer la sanción se debe desarrollar un trámite administrativo donde se escuchen los descargos del presunto infractor y la sanción se imponga en forma independiente a la sentencia judicial. En conclusión, cuando no se cumplen a cabalidad estas formalidades el operador desborda el poder disciplinario que legalmente comporta, quebrantándole al sancionado el derecho de defensa, núcleo esencial del debido proceso (M. P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo).