El proyecto ley 278/18C establecía que los padres, de común acuerdo, podían elegir el orden de los apellidos de sus hijos antes de la inscripción del nacimiento; en caso de desacuerdo o ante el silencio se registraría primero el apellido de la madre. Sin embargo, la ponente para primer debate consideró que la iniciativa abría la puerta a la discriminación hacía los hombres, por lo que propuso modificarla para que se implante una medida “más justa” en la cual el funcionario encargado de hacer el registro de los menores asigne el orden de los apellidos teniendo en cuenta criterios de ponderación tales como la vocación de permanencia de los padres al momento del nacimiento; el cumplimento de obligaciones alimentarias; el domicilio permanente del menor y la patria potestad.