La homologación, lejos de limitarse a una verificación formal en relación con respeto de las reglas de procedimiento que rigen el trámite de restablecimiento de derechos, también implica el deber de adelantar una verificación material encaminada a determinar si la decisión proferida en sede administrativa es razonable, oportuna y conducente para proteger los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, acorde con el interés superior de los niños y adolescentes. Así lo reiteró la Corte Constitucional en un fallo de tutela publicado recientemente, en el que dejó sin efectos la homologación de una resolución adoptada por una comisaría de familia que avalaba las visitas paternas a una niña presuntamente víctima de abuso sexual de este. El alto tribunal encontró que no se valoraron correctamente algunas pruebas (M. P. Luis Guillermo Guerrero).