En consideración a los tropiezos económicos para la creación de los juzgados, salas de audiencias, equipos tecnológicos, entre otros insumos necesarios para la entrada en funcionamiento de la oralidad civil, en el Congreso de la República se tramita un proyecto de ley que pretende prorrogar los procesos de implementación de la Ley 1395 del 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018, y de la Ley 1564 del 2012 hasta el primero de enero del 2019, respectivamente. Pese a que el Consejo Superior de la Judicatura presentó un proyecto de ley posteriormente aprobado que aplazó la entrada en vigencia de la oralidad en los procesos civiles, de familia y agrarios (Ley 1716 del 2014) para el 31 de diciembre del año 2015, según la ponencia, parece que este término se quedó corto para efectuar todos los cambios e implementaciones, por lo cual es necesario acudir nuevamente a una prórroga en los términos anteriormente señalados.