Si bien el Decreto 302 del 2000, por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado, atribuye la obligación de construir redes locales a los urbanizadores, es jurídicamente viable que lo haga la empresa prestadora del servicio y que el costo sea asumido por los usuarios. Por lo tanto, la construcción y reparación de dichas redes es legalmente exigible tanto al urbanizador como a la empresa, de forma subsidiaria, precisó la Superintendencia de Servicios Públicos. La red local es el conjunto de redes o tuberías que conforman el sistema de suministro del servicio público a una comunidad, en el cual se derivan las acometidas de los inmuebles, recordó la entidad.