La Procuraduría General de la Nación solicitó la declaratoria de exequibilidad del parágrafo único del artículo 2° de la Ley 1823 del 2017, el cual implementa las salas de lactancia en empresa privadas con capitales iguales o superiores a 1500 salarios mínimos o aquellas con capitales inferiores a ese monto pero con más de 50 trabajadoras, que actualmente se encuentra en estudio en la Corte Constitucional. Así mismo, el órgano de control estimó conveniente la medida, ya que persigue dos objetivos constitucionalmente imperiosos como son (i) garantizar el acceso de los niños en sus primeros meses de vida a la lactancia materna y (ii)  no limitar ni restringir el crecimiento de las pequeñas empresas; así se protegen otros derechos como el trabajo, la igualdad y se desestimulan eventuales barreras para las mujeres en el acceso al mercado laboral. En este sentido, precisó que el derecho a la lactancia materna en el trabajo sigue existiendo, aun cuando se encuentre llamado a materializarse de formas diversas.