La Sección Tercera del Consejo de Estado conoció una acción de reparación directa con la que se pretendía atribuir responsabilidad estatal por los daños que, según los demandantes, sufrieron luego de ser padres tras un proceso de adopción. Los accionantes afirmaron que la menor adoptada fue diagnosticada con una grave enfermedad, por lo que pretendían que el ICBF contribuyera con los gastos médicos y el reconocimiento del daño moral padecido, pues, a su juicio, la entidad no suministró la información sobre la salud de la menor. En ese escenario, el alto tribunal negó la solicitud con soporte en múltiples argumentos, entre ellos resaltó los riesgos asociados a tener un hijo adoptado, cuyos antecedentes familiares y del parto se desconocen (C. P. Marta Nubia Velásquez).