Por regla general, los gastos derivados de las actuaciones prejurídicas o jurídicas  que adelante el prestador de servicios públicos domiciliarios para obtener el pago de sus facturas, tales como los honorarios de un abogado, deben ser asumidos por él. No obstante, indicó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dichos honorarios pueden incluirse en la factura si así quedó establecido en el contrato de condiciones uniformes y el usuario lo autorizó expresamente. De ser autorizados estos cobros, el valor deberá identificarse en forma independiente al servicio público domiciliario, a fin de que el usuario pueda identificar y diferenciar los valores incluidos en la factura.