El sistema de partes instaurado en la Ley 906 del 2004 no impide que sujetos procesales distintos del acusador y el acusado intervengan dentro del trámite para ejercer sus derechos. Así lo dijo la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que explicó que el legislador faculta a la víctima, al tercero civilmente responsable y al Ministerio Público para que participen dentro de las actuaciones judiciales. La corporación precisó que aunque la Ley 906 no estableció con claridad un procedimiento a través del cual quienes se consideren terceros de buena fe puedan concurrir a hacer valer sus derechos, no por ello el juez puede dejar de actuar ante las solicitudes de estos o hacerlo con total irrespeto de sus derechos. Además, si con ese argumento se impide el acceso al dueño de un bien incautado con fines de decomiso, se vulneraría el debido proceso y se constituiría una condena por responsabilidad objetiva (M.P. Alfredo Gómez Quintero).