Fue admitida en la Corte Constitucional una demanda contra el artículo 32 de la Ley 1306 del 2009, por medio de la cual se dictan normas para la protección de las personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados, por presuntamente vulnerar el principio de igualdad. En efecto, la norma dispone la medida de inhabilitación para las personas que padezcan deficiencias de comportamiento, prodigialidad o inmadurez negocial y que como consecuencia de ello puedan poner en serio riesgo su patrimonio. A juicio del demandante, como la disposición consagra la facultad para promover la causa en cabeza del cónyuge, compañero permanente, parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y aún por el mismo afectado pero excluye a los hijos adoptivos, la norma discriminaría en razón del vínculo. Por lo anterior, solicita su inexequibilidad (demandante: Yesica Andrea Muñoz).