Los adultos mayores, en razón a su condición de vulnerabilidad, gozan de una protección especial de rango constitucional derivada de los principios de solidaridad y dignidad humana. Por lo tanto, cuando los defensores y comisarios de familia y demás autoridades administrativas conozcan de casos diferentes a los que son de su competencia deben remitirlos inmediatamente a la autoridad competente con el propósito de que se adopten las medidas provisionales pertinentes de emergencia, protección o restablecimiento de derechos en favor de esta población, y se gestione lo pertinente a la atención con las entidades territoriales, indicó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.