Además de las sanciones que podrían ser impuestas a los contadores públicos o revisores fiscales al suscribir los estados financieros sin el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, también debe considerarse la responsabilidad de los administradores de la copropiedad, ya que la presentación de informes financieros con errores o llevar la contabilidad en forma indebida implica un incumplimiento de las funciones que dispone la Ley 675 del 2001 tanto a los administradores como al consejo de la copropiedad. Así lo indicó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en reciente concepto.