La iniciativa que pretende solucionar la dilación en los procesos de inasistencia alimentaria está en su etapa final, pues fue aprobada la ponencia para penúltimo debate. El objetivo es controlar el incumplimiento por parte de los padres mediante la creación del registro de deudores alimentarios morosos (REDAM). Una de las consecuencias de ser incluido en esta lista es que en caso de que el deudor sea un servidor público se le suspenderían sus funciones, hasta que cumpla con la obligación.