Con el Decreto 1434 del 2018, el Gobierno adoptó la línea de política pública de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual en contra de niños y adolescentes por parte de los grupos armados organizados y los grupos delincuenciales. Las entidades nacionales competentes adelantarán todas las acciones necesarias para la implementación de esta. Del mismo modo, las entidades territoriales, con plena garantía de su autonomía, velarán por su ejecución en las jurisdicciones. Dentro de los seis meses siguientes a la expedición del decreto, las entidades del orden nacional deberán elaborar el correspondiente plan de acción, bajo la coordinación de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial, para la prevención de dichas acciones. Este plan tendrá una vigencia de cuatro años, al término de los cuales se deberá actualizar acorde con el plan nacional de desarrollo.