Una providencia reciente del Consejo de Estado concluye que la decisión contenida en la Resolución 619 del 2020, por medio de la cual se regula la entrega de la transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria a las familias del Programa Familias en Acción, está acorde con el ordenamiento jurídico. Ello porque cumple con la finalidad que le fue encomendada, esto es, establecer las medidas para el cumplimiento del Decreto Legislativo 417 del 2020 y, adicionalmente, los criterios y condiciones previstas para la entrega de la transferencia tiene un fundamento razonable. Se concluyó que, efectuado el control de legalidad en los términos propuestos, “no se advirtió ningún motivo que invalide el acto objeto de control inmediato de legalidad” (M. P. Alberto Montaña).