Citar al electorado en una fecha distinta al 2 de marzo, cuando se cumplen los dos meses ordenados perentoriamente por la Ley 134 de 1994 (mecanismos de participación ciudadana), es exponer al electorado a ejercer el control político en un marco de ilegalidad y, por lo tanto, la decisión no tendría validez. Con este argumento, se radicó ante el Tribunal de Cundinamarca un escrito con pruebas de lo que sería un posible desacato de la Registraduría del Estado Civil al aplazar el referendo sobre la continuidad del mandato de Gustavo Petro. La accionante solicita dar aplicación a las normas sobre incumplimiento de fallos de tutela y que se ordene adelantar una investigación para efectos de responsabilidades penales y disciplinarias, si hay lugar a ello.