La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 y 41 (parágrafos primero y segundo) del Decreto Ley 2535 de 1993, en los que se limita la competencia para le expedición, suspensión y revalidación de permisos para la tenencia y porte de armas a algunas autoridades militares. En el escrito se asegura que existe una omisión legislativa, por lo que se solicita la expedición de una sentencia integradora que incluya como autoridades competentes a los alcaldes y a los gobernadores para esos mismos fines. Para los demandantes, la inexistencia de esa atribución vulnera la democracia participativa, la descentralización administrativa y la autonomía de las entidades territoriales (demandantes: Alejandro Matta Herrera y otro).