Mediante el Decreto 1887, el Gobierno designó como comisionados de la Comisión nacional ciudadana para la lucha contra la corrupción, de acuerdo con las ternas enviadas por cada sector, por un periodo fijo de cuatro años y para ejercer sus funciones ad honórem, a: Juan Diego Cano García, representante de los gremios económicos; Elisabeth Ungar Bleier, representante de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha contra la corrupción; Nelson Díaz Cáceres, representante de las universidades; Amparo Pérez Camargo, representante de los medios de comunicación; Mónica Patiño Santa, representante de las veedurías ciudadanas; Julián Domínguez Rivera, representante del Consejo Nacional de Planeación; Mirtha Rodríguez Valenzuela, representante de las organizaciones sindicales.