Las entidades públicas que adelanten procesos de contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada deben cerciorarse que las empresas que comparten en su composición social uno o más socios y que ofrezcan sus servicios simultáneamente en el proceso contractual no incurren en conductas anticompetitivas, como la realización de acuerdos colusorios para la obtención de la adjudicación. Así lo acaba de advertir la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en una circular que precisa las condiciones para la contratación de servicios de empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada por parte de usuarios públicos y privados.