Comisiones de seguimiento a la Ley de Víctimas y decretos leyes étnicos alertan sobre aumento de violencia (3:10 p.m.)

La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas alertaron sobre aumento de la violencia asociada al conflicto y a las luchas por el control en los territorios y precisaron que se requieren más de $ 115,9 billones para ejecutar la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Las comisiones de seguimiento y monitoreo a la Ley 1448 y los decretos 4633, 4634 y 4635 del 2011 advirtieron sobre el incremento del desplazamiento forzado en el país tras la firma del Acuerdo Final de Paz. Solo en 2018, ocurrieron 130 desplazamientos masivos que afectaron a 32.808 personas, correspondientes a 10.225 hogares. Para las comisiones, estos eventos han desbordado la capacidad de las entidades territoriales y nacionales para la atención inmediata, de emergencia y sostenibilidad de los procesos de retorno y reubicaciones, impidiendo acceder a soluciones duraderas que posibiliten la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. En lo que va del 2019, el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo reportó que 15 departamentos y 25 municipios del territorio nacional se encuentran en riesgo de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las alertas 025 del 2019 y 029 del 2019 anunciaron una posible afectación de 1.672 indígenas y afrodescendientes en el municipio de litoral de San Juan Chocó, y de 69.000 en Arauquita, Fortul, Saravena y Tame (Arauca). Las comisiones recomendaron al Gobierno realizar un ejercicio de planeación presupuestal que permita avanzar de manera decidida, y en un tiempo razonable, en el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Advirtieron que son insuficientes las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 para atender a esta población de especial protección.