El incumplimiento del principio de planeación y al deber de selección objetiva genera la nulidad absoluta del contrato estatal, recordó la Sección Tercera del Consejo de Estado. Si no se acata el primero, la nulidad se deriva del objeto ilícito, pues el acto contraviene el derecho público, mientras que en el segundo caso el contrato se celebra con abuso o desviación de poder. El alto tribunal aseguró que esos principios se violan cuando se pacta como precio de las cosas un valor igual al doble del que tienen en el mercado (C.P. Jaime Orlando Santofimio).