A través de auto del pasado 31 de enero, la Corte Constitucional decidió suspender por dos meses los términos para decidir sobre la tutela presentada por Carlos Hernán Rodríguez Becerra contra la sentencia del 25 de mayo del 2023 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró nula su elección como contralor general de la República y ordenó al Congreso rehacer el proceso a partir de la convocatoria, inclusive para hacer la designación para lo que resta del periodo constitucional.

Según el accionante, quien interpuso la solicitud de amparo el 9 de junio del 2023, la decisión cuestionada vulneró sus derechos fundamentales a elegir y a ser elegido, a acceder a cargos públicos y al acceso efectivo a la administración de justicia, por haber incurrido en defectos sustantivo, fáctico y orgánico. (Lea: Declaran nulidad de la elección de Carlos Rodríguez como contralor general de la República)

La decisión de suspensión se fundamenta en la complejidad del asunto, su interés y trascendencia, su importancia para el desarrollo de la jurisprudencia constitucional y la urgencia de decretar pruebas adicionales, por lo que ofició al Congreso para que informe sobre el estado actual del nuevo proceso de convocatoria y especialmente que indique si hay candidatos o lista de finalistas a partir de la cual se prevea elaborar una nueva lista de elegibles. (Lea: Congreso deberá crear convocatoria nueva para elegir al nuevo Contralor General de la República)

Por su parte, la Universidad Industrial de Santander deberá allegar un concepto técnico en el que indique cuál es el efecto jurídico y práctico de la reconfiguración de las reglas de ponderación de los resultados de las pruebas adelantadas por ese centro educativo, de acuerdo con la Resolución 003 del 2022 expedida por el Congreso de la República, en el marco de la convocatoria para elegir contralor general de la República para el periodo 2022-2026.

Según el alto tribunal, esta determinación es indispensable para poder esclarecer algunas actuaciones surtidas durante el proceso de convocatoria y elección del Contralor General de la República por parte del Legislativo, lo cual permitirá contar con los elementos probatorios suficientes para adoptar una decisión definitiva.  

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