Sentencia de unificación sobre caducidad de reparación directa por delitos de lesa humanidad no se aplica siempre

El Consejo de Estado protegió los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral de los familiares de unos hombres que fueron asesinados en una masacre declarada como delito de lesa humanidad por la Fiscalía de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, porque pese a que los accionantes interpusieron la reparación directa en el año 2019, los jueces administrativos declararon la excepción de caducidad.

En la acción de tutela, los accionantes indicaron que los jueces administrativos no inaplicaron en su caso los efectos de la sentencia de unificación del 29 de enero del 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado (fallo que indica que opera la  caducidad en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra) ni tampoco tuvieron en cuenta la obligación de cumplir los criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la imprescriptibilidad de las acciones emprendidas por las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, tales como las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias.

Por su parte, la Sala estableció que en el caso se configuró el defecto de desconocimiento del precedente jurisprudencial porque no evidenció en la providencia cuestionada un análisis del caso, ya que solamente aplicó la sentencia de unificación.

Así mismo, advirtió que la sentencia unificadora no moduló sus efectos, por lo que se entiende que opera a futuro o ‘‘ex nunc’’, de ahí que los jueces estaban en la obligación de ponderar los derechos a la igualdad y de acceso a la administración de justicia de los accionantes, de cara a las circunstancias del caso concreto, a efectos de no hacer ficticias las garantías constitucionales, entre estas la reparación patrimonial cuando resulte evidente el daño antijurídico causado por el Estado (C. P.: Rafael Francisco Suárez Vargas).

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