Gobierno y PDVSA deben proteger comunidades wayuu que habitan cerca de gasoducto

El Consejo de Estado le dio tres meses de plazo a los ministerios del Interior y del Medio Ambiente y a la compañía petrolera venezolana PDVSA, para que diseñen e implementen un sistema de protección que prevenga ataques terroristas en el territorio de la interconexión gasífera entre Colombia y Venezuela, ubicado en La Guajira, donde habitan 85 comunidades wayuu.

El plan debe contener soluciones de infraestructura y otras similares, para garantizar el tránsito seguro de los indígenas y sus animales, que, hasta ahora, han debido movilizarse sobre el gasoducto.

De esta manera, la Sección Segunda del alto tribunal protegió los derechos a la integridad del territorio, a la integridad del desarrollo ancestral y a la seguridad personal de los miembros de esta comunidad, que consideró vulnerados por las entidades accionadas.

Según la sentencia, el derecho fundamental a la integridad del territorio ancestral incluye que no sea fragmentado o dividido por la instalación de obras de infraestructura.

“La justificación de la existencia de este derecho es que solo preservando tal integridad territorial se podrá permitir que los miembros de los pueblos indígenas puedan ejercer en forma plena los distintos derechos que dependen de su acceso efectivo al territorio que les pertenece, incluyendo los derechos al uso y posesión del territorio y al ejercicio de las propias pautas culturales de subsistencia y aprovechamiento de los recursos naturales”, agregó la corporación.

Aunque la decisión niega el desconocimiento del derecho a la consulta previa, el alto tribunal concluyó que se está generando un riesgo extraordinario, específico, excepcional y desproporcionado, que exige una respuesta inmediata por parte de las accionadas, teniendo en cuenta que ya se han producido dos ataques armados en la zona.

(Consejo de Estado, Sección Segunda, noticia, mar. 21/13, M. P. Gustavo Gómez)