No todos los daños que sufren las personas después de ser intervenidas quirúrgicamente son imputables a las clínicas u hospitales que fallaron en obtener el consentimiento informado del paciente, indicó la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Algunas consecuencias o secuelas, agregó, hacen parte del desarrollo de la enfermedad que se padecía antes del tratamiento, por lo que resultaría injusto atribuir dichos resultados al servicio médico.

Por esa razón, no es sano extremar la exigencia del consentimiento informado en medio de una intervención quirúrgica de emergencia en la que se deba hacer un procedimiento adicional para salvar la vida del paciente, advirtió el alto tribunal.

A su juicio, esto llevaría a abstenerse de actuar por falta del consentimiento y radicalizaría la relación médico-paciente, partiendo de la mala fe del profesional de la salud, con efectos prácticos perjudiciales para el usuario.

De esta manera, la corporación aclaró hasta dónde llega la responsabilidad de las instituciones médicas frente a las consecuencias de una intervención efectuada sin dicho consentimiento.