Al amparo del estado de emergencia social declarado el pasado 23 de diciembre, el Gobierno acaba de expedir un decreto con fuerza de ley que busca agilizar las controversias entre los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Gobierno, entes territoriales, EPS, IPS, Fosyga, etc.), con el propósito de liberar los recursos del sistema comprometidos en esos litigios y destinarlos a la pronta prestación de los servicios de salud. La medida, vigente hasta el próximo 30 de septiembre, permite adelantar conciliaciones extrajudiciales ante los agentes del Ministerio Público asignados a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Según la determinación, las partes podrán remitir el acuerdo conciliatorio, por mutuo acuerdo, para la revisión y suscripción del agente de la Procuraduría, que resolverá dentro de los cinco días siguientes al recibo de la información o prueba solicitada. El acuerdo conciliatorio revisado y suscrito por este funcionario se enviará al juez o corporación competente, dentro de los tres días siguientes, para que conozca de la acción judicial respectiva y decida sobre la aprobación del acuerdo, dentro de los cinco días siguientes al recibo de la información o prueba solicitada.