Como resultado de las auditorias técnicas adelantadas por la Contraloría de Bogotá al Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS), la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y a la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos, la entidad emitió cuatro alertas fiscales por $ 10.222 millones y 25 hallazgos por $ 6.352 millones. Según Diego Ardila, contralor Distrital, uno de los hechos más sorprendentes es el daño económico que podría sufrir la ciudad por un contrato para el suministro, instalación, montaje, puesta en marcha y garantía de un sistema integrado de videovigilancia para patrullas, motos, fronteras domos y 192 colegios, cuyo objeto fue modificado y presentó fallas técnicas y logísticas. Así mismo, la no utilización de una obra construida para la UPJ del barrio Puente Aranda, pero que genera renta mensual por el orden de $ 52 millones. Por último, destacó el daño patrimonial por irregularidades en la celebración de contratos de interventoría, falta de planeación en contrato de toma física de activos, incumplimiento en capacitaciones y costos adicionales por mal funcionamiento de maquinaria.