Gobierno, riesgo y cumplimiento para enfrentar la corrupción

Ricardo Vásquez Bernal* Magíster en Economía y Finanzas y Socio de Baker Tilly Colombia Consulting  rvasquez@bakertillycolombia.com

La prosperidad democrática del presidente Santos pasa por una dura prueba, que va más allá de enfrentar la inseguridad pública en que ha derivado el conflicto armado, y es el problema estructural de la corrupción. Sonados casos como el cartel de la contratación en Bogotá, el desfalco al sistema de salud, los fraudes por devolución de impuestos, las prácticas irregulares de Agro Ingreso Seguro (AIS) son claras demostraciones de que las estructuras de control interno, trasparencia de información, cultura empresarial ética, rendición de cuentas y gestión de riesgo, en algunas empresas, está colapsando. Desde luego, es fácil advertir que los problemas de la corrupción son de las entidades gubernamentales, pero es evidente que el factor inductor proviene de las empresas privadas que contratan con el sector público, que bien se prestan, de manera intencional o accidental, para consumar los fraudes conjuntamente.

Uno de los problemas más complejos, en mi parecer, radica en que cada vez más aparecen nuevas reglas de contratación en el sector gubernamental, requiriendo volúmenes de información financiera y no financiera, para evitar contratar con empresas de papel, empresas que no cuentan con solidez y suficiencia financiera, empresas que no tienen acreditada experiencia, por cuanto se piensa que el tema se resuelve, de manera general, a partir de los requerimientos de información para demostrar que estos males no hacen presencia, pero es conocido que todos los casos de corrupción que compiten por este perverso trofeo siempre contaron con el respaldo de información financiera y no financiera certificada y acreditada. La síntesis no puede ser, entonces, inventar más reglas de requerimiento de información para conseguir que se diga la verdad. El problema es fundamentalmente ético.

La perspectiva del análisis no es propiamente la crítica unidimensional a las repetidas falencias del sector gubernamental en materia de los recursos a su disposición: personas, tecnología, controles y procesos que limitan la efectividad de su gestión y resultados, y reiteradamente publicadas por la Contraloría General, sino más bien la crítica al sector empresarial que ha venido haciendo de la contratación, a todo costo y riesgo, el mecanismo para lograr los objetivos de desempeño y beneficio en el corto plazo, sin claras líneas de gobierno o adecuados niveles de cultura corporativa de control, gestión y riesgo. Empresas orientadas al enriquecimiento en el corto plazo, sin tregua más que a la producción sostenible de valor en el largo plazo, beneficiando a todas las partes interesadas. En este caso son partes interesadas, no solo los dueños o actuales inversionistas, sino también los clientes, los empleados, los potenciales inversionistas y, por supuesto, el gobierno que los contrata. Es un tema que no solo explica lo que nos está pasando en Colombia, sino también una clara demostración de grandes colapsos empresariales, que han afectado enormemente a los mercados financieros y de valores en el mundo.

Se requieren niveles altos de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC) de las empresas colombianas, y con mayor razón, por parte de aquellas que tienen deberes con partes relacionadas importantes, esto es, bien porque contratan con el Estado obras de infraestructura para el desarrollo social, bien porque son grandes empleadores de mano de obra, bien porque son grandes exportadores de productos, bienes y servicios que impulsan el desarrollo económico, o simplemente porque son empresas que entienden que el objetivo a largo plazo no es solo la acumulación de ganancias y capitales, sino el bienestar de todas las partes interesadas que contribuyen directamente a generar el valor que la empresa requiere. Este es el secreto. Esto es lo que hace una empresa sostenible.

Pero ¿qué quiere decir niveles altos de GRC? Es el establecimiento de líneas claras de conducta, valores éticos y alineación de políticas y procesos para dirigir y gobernar las empresas, de manera que apunten a preservar su sostenibilidad en el largo plazo, a partir de la adecuada gestión de los riesgos, para monitorear fraudes y acciones indebidas, así como el riguroso cumplimiento de los acuerdos, compromisos y responsabilidades con las partes interesadas, en un marco de trasparencia. Es un concepto que involucra el desempeño, el riesgo, el control interno y la cultura empresarial, para definir una forma de gobernar y gestionar los recursos, desde el presidente hasta el vigilante del edificio.

Así visto, las empresas que contraten con el Estado deberían demostrar, primero, los niveles de GRC con los cuales han generado los resultados financieros que revelan en sus reportes auditados; esto puede reducir significativamente la corrupción. Debe buscarse, en suma, la aplicación de este nuevo concepto que se viene formalizando a nivel internacional para las empresas y se conoce como “principled performance”: desempeño basado en principios, gestionando la incertidumbre y actuando con integridad.        

Lo expuesto implicará que, en materia de contratación pública, las entidades gubernamentales no deberán preguntar solo por el indicador de endeudamiento y liquidez empresarial, para otorgar un puntaje clasificatorio, amén de su experiencia técnica, sino en particular por el nivel del indicador de GRC que gobierna a la empresa. Esto sí nos podría ayudar a decantar la calidad de las empresas que contratan con el Estado. ¿Cuál sería el indicador GRC, por ejemplo, del Grupo Nule?

Estas son opiniones personales y no comprometen la posición de la firma.