Estos son los mínimos penales que el Procurador propone a los negociadores de paz

El jefe del Ministerio Público, como resultado del análisis de instrumentos internacionales de protección al derecho internacional de los derechos humanos, remitió a los negociadores de paz 10 “mínimos penales” para que los autores de crímenes de lesa humanidad puedan acceder a la justicia transicional.

Los mínimos penales consignados en el informe son:

1. La investigación, juzgamiento y condena de crímenes internacionales es competencia exclusiva de la autoridad judicial.

2. La pena debe ser efectiva.

3. La pena debe ser proporcional a la gravedad del crimen y a las condiciones personales de los responsables.

4. La reclusión es la pena para graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad.

5. La pena de reclusión se debe cumplir conforme a los regímenes generales.

6. Las condiciones de reclusión deben ser dignas y seguras.

7. La exclusión de participación política es consecuencia de crímenes atroces.

8. La verdad completa, detallada y exhaustiva es condición para acceder a la justicia transicional.

9. La reparación es condición para acceder a la justicia transicional.

10. La garantía de no repetición es condición para acceder a la justicia transicional.

La Procuraduría señaló que los mínimos penales deben servir para construir fórmulas que satisfagan los derechos de las víctimas, los reclamos de justicia y las diferentes perspectivas que se plantean en la mesa de negociaciones.

De acuerdo con el informe, una negociación como la que se lleva a cabo, que conduzca a la desmovilización de grupos armados, debe fundamentarse en la justicia, para que sea sostenible a mediano y largo plazo. Por tal motivo, aduce, ante la imposibilidad de juzgar y condenar la totalidad de los involucrados en violaciones graves de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, debe proceder la pena de reclusión para máximos responsables de crímenes atroces, como medio para “la dignificación de la víctima, pero también del victimario”.

Por último, la entidad manifestó su preocupación ante la impunidad que ha caracterizado los diálogos con grupos armados, en sus palabras, “la tradición jurídica colombiana demuestra que la no impunidad frente a los crímenes atroces ha sido una constante durante los últimos 30 años, aún en el marco de procesos de paz con grupo guerrilleros”.

(Procuraduría General de la Nación, Informe, Ago. 20/15)

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