El Gobierno nacional activó una estrategia integral para reforzar el control de las armas en manos de las empresas de vigilancia y seguridad privada. Esta medida, liderada por el Ministerio de Defensa y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, tiene como finalidad prevenir el uso indebido del armamento y reducir el riesgo de infiltración por parte de organizaciones criminales.

La implementación de estas acciones se desarrolla de forma articulada con el Departamento de Control, Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) de las Fuerzas Militares. Ambas instituciones han consolidado un protocolo interinstitucional que establece procedimientos claros para el bloqueo operativo, la custodia preventiva y el seguimiento administrativo de las armas implicadas en procesos sancionatorios. (Lea: ¿Adiós a las armas?)

Estas disposiciones buscan evitar desviaciones en el manejo del armamento asignado a las empresas del sector, a través de la consolidación de canales de comunicación entre las autoridades. El enfoque apunta a garantizar una intervención oportuna y coordinada en todo el territorio nacional, manteniendo un estricto control sobre los elementos bélicos utilizados por el sector privado de seguridad.

La Superintendencia de Vigilancia lidera la ejecución de estos protocolos, promoviendo estándares de calidad y cumplimiento normativo en las operaciones del sector. Además, las medidas adoptadas se alinean con los artículos 80 y 81 del Decreto Ley 2535 de 1993 y con la Circular Externa Conjunta 20224100000195, fortaleciendo así la legalidad, la transparencia institucional y la protección ciudadana.

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