La persona que inyecte o infiltre en el cuerpo de otra persona biopolímeros puede afrontar hasta 120 meses de prisión.
El elemento determinante será que el trabajador pueda o no pueda disponer libremente de su tiempo.
Contratos celebrados entre EPS e IPS privadas no son estatales y no se les puede vincular con delitos de contratación estatal.
La medida plantea que los perros considerados peligrosos porten bozal y sean paseados con correa de manera obligatoria.
El objetivo de esta política será prevenir la desnutrición, malnutrición y enfermedades no transmisibles tanto en las gestantes como en los recién nacidos.
La norma acusada no vulnera el derecho a la igualdad, ni el de escoger profesión y oficio.
La Corte Constitucional convocó a audiencia para escuchar a demandantes y autoridades sobre la Ley 2272/22.
Es necesario que los dos empleos tengan funciones y requisitos similares entre sí.
Se creará un incentivo tributario, conocido como Drawback, para estimular las exportaciones de productos y servicios con valor agregado.
Normas cuestionadas desconocen la obligación del Estado de garantizar la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad.
