Según el Dane, en octubre del 2023, la población ocupada del país fue de 23,1 millones de personas.

Quien demanda en este tipo de procesos debe carecer desde un principio de cualquier otro tipo de acción jurídica conducente para el fin de reconstituir su patrimonio.

También es posible la contradicción tanto del informe inicial como de su rectificación y ampliación.

El proyecto de decreto modificaría parcialmente el Decreto 1165 del 2019.

La gravedad de la conducta no puede ser el único elemento a estudiar, es necesario un estudio ponderado para negar o acceder al beneficio.

La renta se genera por ingresos de venta de bienes y/o prestación de servicios en territorio nacional.

Debido al reexamen que sobre el tópico debe realizar el tribunal de arbitramento constituido para resolver el conflicto correspondiente.

Se debe contabilizar desde que el trabajador sea calificado por un organismo científico y técnico que evalúe la pérdida de capacidad laboral.

La perspectiva de género garantiza una administración de justicia que reconozca y remedie la discriminación de género.

Las víctimas no tienen el deber de cubrir los gastos procesales, salvo cuando se acredite dolo, temeridad o mala fe.