La ponencia que declaró inconstitucional la mencionada normativa estuvo a cargo de las magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado y Cristina Pardo Schlesinger y contó con una votación de 5 a 4.
La Corte Constitucional aseguró que ha sido coherente con el estándar de protección de la capacidad jurídica de las personas en condición de discapacidad