La Superintendencia de Transporte, en su función de proteger a los usuarios del sector aéreo, revisó los contratos celebrados entre las aerolíneas que prestan sus servicios en Colombia y los viajeros. En ellos se identificaron situaciones como contratos en idiomas distintos del castellano, cláusulas que exoneran la responsabilidad de las aerolíneas por daños al equipaje del usuario y cláusulas que permitirían a la aerolínea cambiar unilateralmente el precio anunciado al consumidor o las condiciones del vuelo adquirido por los viajeros, entre otros.