La superintendencia requirió a 86 funerarias a nivel nacional, para verificar las condiciones e información que se ha suministrado a los consumidores acerca de las modificaciones y restricciones en los costos de prestación de los servicios funerarios, así como de los canales de atención. Estas actuaciones se dan luego de conocer denuncias sobre presuntas irregularidades en los servicios prestados por estas empresas, relacionadas con demoras en la prestación del servicio, deficiente manejo de la información brindada a familiares de personas fallecidas y cobro adicionales, aprovechando la emergencia sanitaria decretada.