RSE con impacto fiscal y propósito a través del deporte
La Ley 2490 de 2025 marca un antes y un después en la relación entre responsabilidad social empresarial, incentivos fiscales y desarrollo del deporte en Colombia.Openx [71](300x120)

31 de Julio de 2025
José Joaquín Criado Flórez
Asociado supervisor de KPMG Impuestos y Servicios Legales
Con la expedición de la Ley 2490 del 17 de julio de 2025 se ha dado un cambio normativo con importantes implicaciones de orden fiscal dada la implementación de un mecanismo que crea un incentivo tributario que promueve la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), aplicado a las personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras contribuyentes del impuesto sobre la renta que fomenten el deporte, la recreación y la actividad física en concordancia con los artículos 58 y 333 de la Carta Política de 1991.
Este nuevo marco normativo representa una poderosa herramienta para articular a los sectores público, privado y social en el fortalecimiento efectivo del Sistema Nacional del Deporte. Ahora, las alianzas estratégicas con clubes deportivos, fundaciones y organizaciones sociales tienen el potencial de transformar radicalmente territorios PDET, ZOMAC y zonas de difícil acceso.
Las inversiones directas pueden y deben enfocarse en infraestructura, programas sociales, dotaciones, becas, turismo deportivo e iniciativas que garanticen bienestar colectivo y movilidad social, todo inspirado bajo el modelo de obras por impuestos que lidera la Agencia de Renovación del Territorio (ART). Con esta ley, no solo se habilita un incentivo, sino que se impulsa un cambio real y medible en las comunidades, posicionando al deporte como un motor de transformación social y equidad.
Para ello, en un plazo no mayor a un año, el Ministerio del Deporte junto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deben reglamentar los criterios de selección de las entidades habilitadas para celebrar los convenios reconocidas por el Sistema Nacional del Deporte. Los contribuyentes que accedan al incentivo que otorga esta ley, recibirán títulos negociables válidos para el pago del impuesto sobre la renta, en los términos del artículo 257-1 del Estatuto Tributario. Estos títulos serán implementados gradualmente para mitigar impactos fiscales.
Es fundamental que estos instrumentos, emitidos tras un riguroso proceso de verificación por parte del Ministerio del Deporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dian, garanticen trazabilidad absoluta de los recursos, estricto cumplimiento normativo y total seguridad jurídica en la operación tributaria.
De conformidad con lo expuesto, resulta imperativo que la implementación de esta ley se articule de forma estricta con lo establecido en la Ley 2023 de 2020, especialmente en lo relativo a los artículos 2º y 3º, que exigen la destinación específica y verificable de los recursos. Solo así se asegura que las inversiones vayan directamente a actividades y obras deportivas en los territorios más golpeados por el conflicto armado, ya identificados y priorizados en la política de paz y en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Cualquier desviación o incumplimiento debe ser sancionado con rigor, pues la transformación social y la reparación histórica dependen de la absoluta transparencia y eficacia en la ejecución de estos recursos.
Para el país, es un paso decisivo hacia la construcción de un modelo fiscal más solidario, territorialmente equitativo y socialmente transformador, dado que con esta nueva ley se habilita un canal eficiente para que las empresas y contribuyentes del impuesto sobre la renta inviertan directamente en el sector, en concordancia con el desarrollo de planes y programas acordes con las políticas públicas diseñadas por el Gobierno para el fomento del deporte y la recreación, a cambio de beneficios fiscales.
La Ley 2490 de 2025 marca un antes y un después en la relación entre responsabilidad social empresarial, incentivos fiscales y desarrollo del deporte en Colombia. Al brindar un marco jurídico preciso y transparente, abre la puerta para que la inversión privada tenga un impacto directo y positivo en las comunidades más necesitadas, fomentando la equidad y el bienestar colectivo a través del deporte. Este mecanismo no solo fortalece el tejido social, sino que también motiva a las empresas a ser agentes de cambio, impulsando una transformación sostenible y duradera en el país. Así, el deporte se consolida como un vehículo para la inclusión, la paz y el desarrollo integral de la sociedad colombiana.
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