Por tratarse de un contrato estatal relacionado con la compraventa y distribución de licores, las entidades públicas contratantes cuentan con la competencia temporal y material para declarar la caducidad del contrato, así como la facultad para la imposición de multas unilateralmente. Así lo concluye una sentencia reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado luego de estudiar los efectos de la declaración de la caducidad del contrato estatal (C. P. Martín Bermúdez).