La Corte Constitucional declaró que los artículos 19 y 20 de la Ley 1816 del 2016, que establecen la facultad del DANE de certificar el precio para la venta de licores, son acordes al ordenamiento jurídico y respetan el principio de legalidad de los tributos. Señaló el alto tribunal que si bien la autoridad administrativa puede determinar uno de los elementos de la base gravable del impuesto al consumo, el legislador brindó suficientes parámetros; así mismo, que las normas demandadas establecieron criterios objetivos y verificables para que se emita la correspondiente certificación (M. P. Antonio José Lizarazo).