Un comunicado de la Corte Constitucional informa la exequibilidad del Decreto Ley 883 del 2017, en el cual se ordena que las empresas mineras y aquellas calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria pro conexión puedan acogerse al mecanismo de obras por impuestos. Además, establece la prioridad a los proyectos ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto que coincidan con aquellos en donde se desarrollen planes de desarrollo con enfoque territorial. Los magistrados Diana Fajardo Rivera, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo, Cristina Pardo Schlesinger y Alberto Rojas anunciaron que aclararán su voto respecto a las consideraciones efectuadas en torno al juicio de necesidad estricta. Encuentre en el documento adjunto los argumentos que tuvo en cuenta la Sala (M.P. Luis Guillermo Guerrero).