El contador público debe dar estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios, sin perjuicio de que también exija el cumplimiento de sus derechos. La Ley 43 de 1990 contiene claras directrices sobre las relaciones de los contadores con los usuarios de sus servicios. Particularmente, el artículo 46 se refiere al tema de las retribuciones económicas como un derecho, según el cual el contador fijará sus honorarios de acuerdo con su capacidad científica y/o técnica y en relación con la importancia y circunstancias en cada uno de los casos que le corresponda cumplir, pero siempre previo acuerdo por escrito con el usuario. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública recordó que la Resolución 667 del 2017 reglamentó el procedimiento de los procesos disciplinarios adelantados por la Junta Central de Contadores.