El Decreto 302 del 2015, que compila el código de ética para los profesionales de la contabilidad, dispone una marco conceptual que permite identificar, evaluar y responder a las amenazas en el cumplimiento de los principios fundamentales. Si las amenazas identificadas no son claramente irrelevantes, el contador debe aplicar salvaguardas para eliminarlas o, por lo menos, reducirlas a un nivel aceptable, donde no se vea comprometida su labor profesional. En caso de no aplicar las salvaguardas apropiadas, debe declinar o suspender el servicio específico involucrado o, cuando sea necesario, desvincularse del usuario de sus servicios (contador independiente) o de la entidad contratante (contador dependiente). Frente a situaciones relacionadas con el ejercicio profesional contable, se puede elevar la queja y/o consulta correspondiente ante la Junta Central de Contadores, recordó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.