Cuando no exista certeza de la existencia de un vicio de procedimiento, tal duda debe ser resuelta a favor del legislador, con el fin de proteger la decisión mayoritaria del Congreso, esta es la aplicación del principio in dubio pro legislatoris. De esta manera, la Corte Constitucional decidió estarse a lo resuelto en la sentencia C-332 del 9 de mayo del 2012, en la que declaró exequible el Acto Legislativo 3 del 2011, que establece el principio de sostenibilidad fiscal (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).