Así lo indica el CTCP al explicar el comunicado de la Sentencia C-533 del 2019, de la Corte Constitucional, con la cual dio alcance a la Sentencia C-145 del 2009. En esta se declaró la exequibilidad del artículo quinto del Decreto 4333 del 2008. En la nueva sentencia se aclara que se declaró inconstitucional la expresión “o indirectamente” bajo el entendido que “los terceros proveedores de bienes y servicios, entre los cuales se hallan revisores fiscales y contadores, que hayan procedido de buena fe en el ámbito de sus actividades lícitas ordinarias o habituales, no son sujetos de intervención por parte de la Superintendencia de Sociedades, dado que las actividades y operaciones que esta vigila no pueden extender responsabilidad a terceros de buena fe distintos de quienes entregaron recursos, empleados y proveedores que en ejercicio del derecho al trabajo o la libertad de empresa o de sus actividades económicas correctas legítimamente proveyeron bienes y/o servicios a los captadores o recaudadores en operaciones no autorizadas. Tal decisión limita la intervención de Superintendencia de Sociedades del patrimonio, bienes y haberes de los contadores públicos y revisores fiscales de entidades intervenidas, asumiendo que eran vinculados directos y no indirectos, concluye el CTCP en un comunicado.