Los servicios prestados por los centros de conciliación y arbitraje están gravados con el impuesto sobre las ventas, pues si bien las fórmulas propuestas o acordadas producen efectos en la solución de conflictos entre las partes que acuden a ellos, estas pagan por el servicio de conciliación o arbitraje como tal, por lo que no se trata propiamente de aranceles judiciales. Además, las tarifas que cobran los centros de conciliación y arbitraje están destinadas a remunerar al conciliador y al centro. Por lo tanto, están gravadas. Así lo precisó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concepto de diciembre.