El hecho de que un contador público sea revisor fiscal de una sociedad y actúe como contador de otra entidad propiedad de los mismos socios o en la que estos sean partícipes puede generar amenazas de interés propio e intimidación que afecten el cumplimiento de los principios de ética. Por lo tanto, indicó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, corresponde al profesional contable hacer los juicios necesarios para identificar las amenazas, evaluarlas y hacerles frente para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable. En caso de no poder hacerlo, no podría aceptar el encargo.