Los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres víctimas de violencia comprobada y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios tienen derecho a deducir de la renta el 200 % del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo gravable, desde que exista la relación laboral y hasta por un periodo de tres años, según dispuso el Gobierno Nacional. Además, se establecieron los requisitos para la procedencia de la deducción de la renta y se indica que para fines de control, la DIAN llevará un registro de los contribuyentes beneficiarios.