Las regalías y los impuestos son compatibles desde el punto de vista constitucional, pues no existe disposición expresa que los prohíba. Por el contrario, en un Estado democrático de derecho corresponde al legislador establecer qué hechos o actividades son sujetas al pago de impuestos, conforme a la potestad impositiva general consagrada en el numeral 12 del artículo 150 de la Constitución Política. Por lo tanto, indicó el Ministerio de Minas, el legislador es quien determina si grava o no la explotación minera al tiempo con las regalías, que son de cobro obligatorio en todos los casos, independientemente de la titularidad de los recursos explotados. La entidad tuvo en cuenta lo que al respecto señaló la Corte Constitucional, en la Sentencia C-1073 del 2003.