La Sala Plena de la Corte Constitucional admitió una demanda en contra, principalmente, del artículo 120 de la Ley de Financiamiento, el cual consagra el reconocimiento fiscal de los pagos en efectivo para contribuyentes pertenecientes al sector agropecuario. Según el demandante, la normativa infringe los preceptos constitucionales como la libertad de empresa y de competencia, así como la equidad tributaria. “Observamos que existe desproporcionalidad entre la limitación al reconocimiento fiscal de costos, gastos, deducciones, pasivos e impuestos descontables y el objetivo buscado por ley”, finaliza el escrito.