En la Corte Constitucional estudian la demanda contra el artículo 115 (parcial) de la Ley 1943 del 2018 (Ley de Financiamiento), relacionado con la restricción en el crecimiento de los gastos de personal a que se refiere el artículo 92 de la Ley 617 del 2000, el cual no les será aplicable a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación ni a la Auditoría General de la República. El Ministerio Público solicitó la declaratoria de exequibilidad de la norma, contrario a lo pedido en la demanda. Esto por considerar que las instituciones mencionadas tienen un grado especial de autonomía para el ejercicio de sus funciones. En ese orden, el incremento real de gastos de personal busca hacer más eficiente el funcionamiento del Estado frente al presupuesto, dentro de lo cual se debe tener en cuenta su importancia frente a la lucha contra la corrupción.