En la demanda de inconstitucionalidad contra el numeral segundo del artículo 33 de la Ley 1753 del 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018), relacionada con las fuentes de financiación para los sistemas de transporte y la contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso público, la Procuraduría conceptuó ante la Corte Constitucional solicitando la exequibilidad condicionada de la norma. Esto, bajo el entendido de que únicamente las asambleas departamentales y los concejos municipales o distritales son los competentes para intervenir en la determinación de la tarifa de la contribución referida, porque los elementos del tributo solo pueden ser fijados por la ley, ordenanza o acuerdo.